Tomo el guante de un buen amigo, que a mi anterior comentario en este medio, me ha pedido concreción sobre los dos temas determinantes de la pretendida desnaturalización de la democracia, con referencia a nuestro país.
Mi afición por la nostalgia me ha conducido hacia esa prenda de abrigo, presente en nuestros románticos del XIX. El guante, además de servir para guardar las manos de los rigores del frío, se utilizó, en la época, para ser lanzado a la cara de quien se pretendía retar a duelo o se dejaba caer al suelo, que habría de pisar el rival, para mirar de soslayo si era o no recogido, en señal de discreta aceptación del combate. Una época en la que la proliferación de estos desafíos condujo a desgracias irreparables que obligaron a la prohibición legal del “duelo entre caballeros”.
Pues bien, no voy a dejar el guante perdido entre la hojarasca otoñal. Acepto. Certificado de escolaridad política que declare “aptos para el gobierno” a los ciudadanos, asuntos no susceptibles de discusión y votación política, así como árbitros o censores que expidan los certificados y elaboren la lista negra de asuntos. Éste es el material.
Recapacitar sobre todo ello daría lugar a un mamotreto que excedería del límite aconsejable a este Comentario, por lo que hoy me quedo con el primero de ellos, esto es, la formación de los políticos.
Quienes entienden que, por ser todos iguales, “en España cualquiera puede llegar a ser Presidente del Gobierno”, como dicen que dijera Rodríguez Zapatero al llegar a La Moncloa, están en lo cierto. Todos pueden, aunque yo sostenga que no “todos debieran poder”.
Para los jóvenes y también para otros mayores, que no tengan fresca la memoria histórica recordaré que mi tesis no es nueva en la legislación española. A los Gobernadores Civiles, Alcaldes y Concejales, en legislación de régimen local del régimen predemocrático, se les exigía determinados conocimientos. Para ser Concejales de cualquiera de los ocho mil y pico municipios españoles la Ley exigía ser vecinos, mayores de 23 años y saber leer y escribir. A los Alcaldes, se les retrasaba la edad a los 25, pensando que durante esos dos años habrían incrementado sus conocimientos y sentido de la responsabilidad, y se les demandaba “reunir las debidas condiciones de idoneidad, competencia y arraigo en la localidad”. Por competencia, que es la cualidad que interesa a este comentario, debemos entender “la pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (el de regir los intereses de la comunidad municipal). Finalmente, a los Gobernadores se les elevaba el ranking, pues se permitía obviar otros atributos conferidos por el Sistema a la sazón –en consonancia con un régimen de poderes políticos extraordinarios- a cambio de “poseer título profesional que exija grado de Facultad Universitaria o Escuela Especial Superior”.
Releyendo hoy textos legislativos que tuvimos, entonces, que memorizar quienes dedicamos nuestra actividad a las Leyes, habremos de admirar la buena confección que salía, fundamentalmente, en julio y diciembre de cada año, del Palacio de las Cortes. Y ello, sin necesidad de llegar a la época de López Rodó, en la que algunos textos legislativos bien pudieron entrar en la categoría de piezas literarias, aunque el argumento no fuera del gusto de todos los españoles. La restante legislación anual no tenía que abrirse paso por entre los Leones de San Jerónimo pues era trasladada por motoristas desde el Palacio de El Pardo hasta los talleres del Boletín Oficial del Estado.
Como decía, en el régimen predemocrático, se ha ido exigiendo desde “saber leer y escribir”, al modesto concejal del último municipio español, hasta la “titulación universitaria superior” para el desempeño de las funciones de mayor responsabilidad. Es cierto que el índice de analfabetismo de aquella época era alto, mientras que en la actualidad éste es residual y, en consecuencia, la titulación académica superior, que en la época pasada estaba reservada a clases elitistas, hoy ha invertido la tendencia de su pirámide social.
Esta es la razón por la que con el advenimiento de la democracia y el reconocimiento explícito de igualdad que confiere el título de ciudadano, los desposeídos de certificación académica universitaria vieron peligrar su acceso a los más altos cargos públicos, con lo que se sintieron frustrados en la conquista de una jacobina igualdad ciudadana.
Por ello, no es de extrañar que desde el fallecimiento del General, hubo una corriente –naturalmente, mayoritaria en número- de ataque a la denominada “titulitis” y sus “excelencias”. Incluso, en determinados círculos sociales se apeó el “don/doña”, y, por extensión, se permutó el tratamiento del usted por el tuteo y se eliminaron las diferencias que en el trato social conferían los títulos académicos. Paradójicamente, supuso un paso atrás en la historia, recordándonos la pública condena del General Millán Astray en su incidente frente a Unamuno. “Muera la inteligencia”.
Esa tendencia de rasar por lo bajo, naturalmente, dio el triunfo a las medianías, expatriando del gobierno a las excelencias. Pero es que el afán de destruir pedestales llevó al espectáculo de ver cómo se borraban las distinciones de Organismos Públicos que las venían ostentando desde antiguo. Fueron muchos los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, que hicieron rotular los folios de trabajo de sus oficinas, amputando el Ilustrísimo o Excelentísimo con que se adornaban. Soy testigo cualificado de ello.
En 1979, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, entonces diferenciado por sus tres últimas siglas, accedieron al gobierno de gran número de Ayuntamientos y Diputaciones. Con tal motivo, hubieron de relacionarse, a diario, con los funcionarios del nivel administrativo superior, y recibieron instrucciones de imponer el tratamiento del Vd., no por respeto a la “titulitis” sino para otorgarse una “excelencia” como electos democráticos.
Cuando las relaciones, entre las mismas personas, se producían, cuatro calles más abajo, en la Casa del Pueblo, se tornaba al tuteo, amparado por el tratamiento de “compañero”, que a más de uno nos recordaba el de los “camaradas” de otros tiempos.
Esta política de gestos llegó a límites que afectó a los vehículos particulares usados por los políticos. Recuerdo, por aquellas fechas, que en el trayecto Madrid-Jaén, Bailén era el lugar de trasbordo del coche de alta gama al utilitario con el que llegar a la capital jiennense. El Diputado cunero por la provincia, tras aflojarse la corbata, era acompañado, no, entonces, por la reina de “Porcelanosa” sino por un secretario general del partido que escondía su titulación en Ciencias Económicas en un desenfadado “nicki”, para mejor ser recibidos por su electorado.
Pronto, estos mismos políticos se dieron cuenta de la estupidez de estas conductas, e invirtieron la tendencia porque se vieron ridículos cuando algunos funcionarios –no faltos de mala intención- hacían tan empalagoso el “Dígame Vd.” que los aludidos se sintieron burlados, volviendo al “tuteo”, salvo cuando el tratamiento se debía al respeto por razón edad o de jerarquía judicial, militar o eclesiástica, en aquellos años a los que me refiero, en que todavía conservaban intacta su independencia. Del mismo modo se dejaron de utilizar vehículos particulares y se uniformó el uso del coche oficial y asistencia de escolta.
Algo de ello ha quedado, no obstante, y quedo sorprendido con la enseñanza que han recibido todos los trabajadores de Sanidad –quiero pensar que en aras a una presunta aproximación…- quienes al dirigirse a los pacientes ingresados en los Centros hospitalarios públicos, mermados por el golpe de la enfermedad, se encuentran sorprendidos, al escuchar –como yo he oído, al referirse a mi madre, de 95 años- “Mercedes, túmbate en la camilla que vamos a Rayos”. Pero ésta es otra historia.
Del mismo modo fue curioso otro comportamiento, que viene al aire de lo anterior. Cuando en 1982 cubrieron las perchas del Palacio de La Moncloa, rozadas confecciones de pana, el ujier de turno hacía advertencia a las visitas que llegaban procedentes de Dos Hermanas y otros pueblos sevillanos que Felipe se llamaba Don Felipe y Alfonso Don Alfonso y que a aquellas estancias no se podía llegar descamisado.
Confundido entre tanta anécdota, retorno a la reivindicación de la exigencia del título universitario para cargos públicos de cierta relevancia, no por la necesidad de aplicar los conocimientos de las materias propias del título, sino por la madurez intelectual que implica haber sometido las potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad, a una disciplina durante muchos años; al yunque del esfuerzo en el que se moldean las asperezas naturales del ser humano.
Para que la memoria no sea el talento de los tontos, la inteligencia se haga creativa y la voluntad se enfrente al condicionamiento al que la someten los instintos.
En ningún caso pretendo que los cargos públicos tengan que ser desempeñados por quienes hayan cursado estudios de Política o de Derecho –lo que tampoco debe ser un baldón- sino que es indiferente la Facultad o Escuela en la que se hayan adiestrado, ya que la formación universitaria del estudiante proporciona un grado de responsabilidad propio del que ha tenido que dejar muchas renuncias en el camino, ha tenido que hacer suyas experiencias de sabios y maestros… y a la hora de tomar decisiones éstas son más sopesadas y armónicas. Que no seamos centros de chanzas en la plaza de la “aldea global”.
De otra parte, la “titulación” elemental, media o superior, según los grados de responsabilidad, es una excelencia que dignifica no ya a la persona sino al cargo, en su genuino sentido de encargo. Claro que, la dignidad del mismo también ha sido omitida de la fórmula de juramento que finalizaba con la antigua coletilla “y ajustar mi conducta a la dignidad del cargo”.
Con la exigencia de responsabilidades por incumplimiento de esta parte del juramento, o promesa, hubieran sobrado legislaciones sobre corrupción.









